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El gobierno mexicano toma la decisión después de que los medios del país hayan publicado el contenido de nuevas grabaciones de conversaciones del director de la compañía en la zona

Un tramo de la estructura del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, operado por la empresa OHL
Un tramo de la estructura del Viaducto Bicentenario en el Estado de México, operado por la empresa OHL

El Gobierno de México ha solicitado auditar los contratos que tiene actualmente vigentes con OHL “para corroborar que se ajustan a la legalidad y la transparencia”, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del país. En un comunicado, este organismo, indica que ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías a los contratos con OHL México.

La Secretaría indica que con dichos estudios pretende comprobar que “los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia”.

El Gobierno mexicano toma esta decisión después de que los medios del país publicaran el contenido de nuevas grabaciones de conversaciones del ya destituido directivo de OHL México Pablo Wallentin y otro director de la compañía preguntando sobre supuestos pagos a magistrados.

Estas informaciones suceden a las ya difundidas en las que, por una parte, se daba cuenta de conversaciones en las que Wallentin ofrecía al ya ex secretario de comunicaciones del Gobierno del Estado de México Apolinar Mena una estancia en el complejo turístico que el grupo OHL tiene en México y, por otra, se hablaba de presuntas irregularidadesen el contrato de concesión de la autopista Viaducto del Bicentenario.

Las conversaciones supusieron la destitución del directivo de OHL y de Mena, mientras que el grupo OHL saldó las supuestas irregularidadesdel contrato del Bicentenario con una auditoría realizada por EY, como firma independiente, en la que se concluía que la contratación de esta concesión se ajusta a la realidad.

La compañía que controla y preside Juan Miguel Villar Mir siempre ha defendido que todos sus contratos se ajustan a la legalidad y ha tachado de falsas estas acusaciones, que atribuye a una campaña de difamación de la que el grupo es objeto en México.

Abc.es

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