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¿Puede el procurador general de la República asumir el varapalo que significaría calificar de no ha lugar el envío a juicio de fondo de los siete acusados o aunque solo uno se librase de la acusación? Un tribunal independiente en un país en el que el poder Judicial no estuviera controlado por el Ejecutivo, podía darse porque el expediente que preparó Jean Alain Rodríguez tiene muy pocos claros y multitud de oscuros. De hecho los fiscales no fueron capaces de probar nada y además, la cifra que supuestamente prueba la existencia de  las coimas es casi treinta millones de dólares más elevada que los 92 millones que Odebrecht reconoció como sobornos en el país.

La prueba del nueve que la investigación esté bien hecha sería demostrar que los noventa y dos millones que dice la empresa constructora le dio a Rondón para “engrasar” la maquinaria gubernamental fue distribuida entre los siete acusados. Si sale más como es el caso es que se están atribuyendo a los acusados ingresos que no pertenecen supuestamente a la compra de voluntades. Siguiendo con la línea argumental, ningún juez puede saber que parte de la cantidad atribuida como coima en el expediente es verdad y cuánta no.

La desviación es del treinta por ciento, cantidad nada desdeñable que hace pensar que el expediente está viciado. Si a esa anomalía se añade que no existe ninguna acusación formal en las entrevistas de delación premiada, que todas imputaciones son de referencia pero sin certeza y que el procurador general de la República excluyó la presencia en el juicio de los directivos y ejecutivos de Odebrecht y tampoco los entrevistó en Brasil, la duda que existan pruebas para condenar a los siete acusados son circunstanciales, faltas de rigor y exentas de convicción.

Puede que los siete imputados sean culpables, pero no es suficiente con tener la certeza. El procedimiento judicial exige probarlo sin género de dudas. Ahí es donde falla el expediente y en el juicio preliminar quedó suficientemente demostrado por todos los abogados defensores. El procedimiento utilizado por la PEPCA para imputar a estos ciudadanos no fue protocolario. Se escogió a una serie de políticos y se les imputó tras el estudio de la Declaración Jurada de Bienes y la realidad, que había diferencias notorias entre ambas. ¿Puede asegurar el procurador de la República que ningún otro diputado o senador le sucede lo mismo? En absoluto, luego la imputación se hizo por un criterio que no es jurídico. 

El juez Ortega Polanco tiene muchos elementos para obrando con independencia y honradez exculpar a los acusados. Sin embargo a juicio de El Observador no ocurrirá tal cosa. Mandará a los siete para juicio de fondo y que sea la remozada sala de lo Penal de la SCJ la que se coma el marrón de absolver o condenar a los acusados porque no hay pruebas fehacientes de la comisión del delito que se les imputa.

El viernes conoceremos la respuesta aunque en este digital la adelantamos: juicio de fondo para todos.

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